El escándalo desatado en torno al jury contra el fiscal Hugo Costilla volvió a poner bajo la lupa al Poder Judicial de Catamarca. En los últimos días trascendió que, desde la propia Corte de Justicia, se habrían transmitido instrucciones y pliegos de preguntas al fiscal de Cámara Augusto Barros, encargado de llevar adelante la acusación. La denuncia, que apunta directamente al secretario judicial Arturo Herrera Basualdo, encendió las alarmas sobre la independencia de poderes en la provincia.
En diálogo exclusivo con este medio, el abogado Alfredo Aydar no ahorró críticas y utilizó palabras contundentes para describir la situación:
“Esto confirma lo que vengo diciendo desde hace tiempo: la justicia de Catamarca es una vergüenza. Que desde la propia Corte se asesore al fiscal que debe acusar a otro funcionario en un jury demuestra que en Catamarca no existe la independencia de poderes, sino un sistema armado para garantizar impunidad o castigos selectivos, según convenga al poder político de turno”, afirmó.
Aydar vinculó directamente el episodio con la llegada del ministro de la Corte, Jorge “El Colorado” Bracamonte, designado por el gobernador Raúl Jalil.
“El nombramiento de Bracamonte en la Corte no fue casualidad. Lo pusieron para que sea su brazo ejecutor. Es como poner al zorro a cuidar las gallinas. Y ahora vemos que su secretario, Herrera Basualdo, que hasta hace poco era abogado de confianza de uno de los denunciantes, está metido en un manejo de información que roza lo delictivo”, denunció.
“Un problema político e institucional”
El fiscal Costilla solicitó el secuestro de dispositivos electrónicos para verificar el circuito de correos que habrían circulado desde la Corte. Sin embargo, para Aydar el conflicto trasciende lo técnico y revela un trasfondo más profundo:
“La Corte está colonizada. En vez de ser un órgano independiente, funciona como una oficina de servicios del Ejecutivo y de algunos sectores con poder económico. Eso es gravísimo para la democracia”, advirtió.
El abogado también subrayó que el caso no se limita a un proceso puntual:
“Esta denuncia desnuda cómo operan los engranajes internos de la Justicia. Acá no se trata solo de un boliche o de un jury contra un fiscal: se trata de la credibilidad misma del Poder Judicial. Si los fallos, las acusaciones y las investigaciones se arman entre amigos y operadores, ¿qué confianza puede tener la ciudadanía?”
Finalmente, Aydar reclamó que se investigue a fondo y que la sociedad no permanezca indiferente:
“Esto exige una transparencia total, caiga quien caiga. La sociedad catamarqueña debe tomar conciencia de que no podemos seguir tolerando que la Justicia sea un apéndice del poder político. Si seguimos así, cada vez habrá menos justicia y más arbitrariedad”.
El abogado cerró con una advertencia: “Lo que se denunció no es un error administrativo: es un mecanismo de manipulación institucional. Y es exactamente lo que advertimos cuando se nombró a Bracamonte en la Corte. Los hechos me dan la razón”.
Catamarca es chica
En todo este entramado, en una provincia en la que todos se conocen, no escapa de la memoria, que el poder político está muy involucrado en todos los ámbitos. En especial, en el Poder Judicial. Se sabe que muchos de estos actores, fueron funcionarios, amigos íntimos y/o profesionales (contratados) en algún momento.
Cristian Guillou fue funcionario de Raúl Jalil cuando este era intendente de la Capital. Jorge Bracamonte hoy juez de la corte, fue abogado personal de Raúl Jalil. El fiscal Augusto Barros, fue diputado provincial durante el primer mandato de Raúl Jalil como gobernador. Arturo Herrera Basualdo, hoy secretario de Bracamonte, fue abogado de Cristian Guillou y de José Blas.
Fuente: San Fernando Digital
