A menos de una semana de que se inicie el juicio político en su contra por presunto mal desempeño en la causa “Wika”, el fiscal Nº 5, Hugo Costilla, abrió un nuevo frente de conflicto dentro del Poder Judicial. El funcionario denunció al fiscal del Jury, Augusto Barros, y a Arturo Herrera Basualdo, secretario de la Corte de Justicia, por supuestas maniobras que —según su planteo— comprometerían la imparcialidad del proceso.
Costilla sostiene que Barros y Herrera Basualdo habrían intercambiado correos electrónicos con preguntas dirigidas a los testigos que deberán declarar en el Jury. Para el denunciado, esa situación constituye una irregularidad grave que amerita medidas urgentes, como el secuestro de equipos informáticos que podrían contener las pruebas del presunto intercambio.
Además, Costilla señaló los vínculos de Herrera Basualdo con el empresario Cristian Guillou, quien tuvo un rol activo en el pedido de apertura del Jury, lo que, a su entender, configura un entramado de intereses que debilita la transparencia del proceso.
El escrito presentado ante la Fiscalía General abre la posibilidad de que Costilla solicite la suspensión del Jury hasta tanto se resuelva la investigación en la Justicia ordinaria. La estrategia no es nueva: en un proceso anterior por las llamadas “absoluciones pagas”, el fiscal logró frenar temporalmente el Jury con un planteo similar, hasta que el expediente fue resuelto por la Corte.
La coincidencia de los tiempos procesales añade más presión: el próximo lunes, día fijado para el inicio del debate por la causa “Wika”, también vence el plazo que tiene Costilla para presentar su descargo en el expediente vinculado a las “absoluciones pagas”.
De este modo, el escenario judicial se recalienta con acusaciones cruzadas, en un contexto donde la credibilidad de los procesos internos vuelve a quedar en el centro de la polémica.
Fuente: San Fernando Digital
