La reciente conformación del tribunal de enjuiciamiento contra el fiscal Hugo Costilla volvió a encender las alarmas sobre la independencia judicial en Catamarca. En diálogo con este medio, el abogado Alfredo Aydar advirtió que el proceso está atravesado por un fuerte condicionamiento político y denunció la existencia de un “armado” para garantizar impunidad y disciplinar a quienes resultan incómodos al poder de turno.
El foco de la polémica se centra en la participación de la Dra. María Cecilia Martín, integrante del tribunal, cuyo nombre aparece rodeado de vínculos que, según Aydar, comprometen su imparcialidad. Martín es socia del abogado Ricardo Angelina, representante legal del diario El Ancasti y defensor de Edgar Adhemar Bacchiani, condenado por las millonarias estafas piramidales de Adhemar Capital. A esto se suma –señaló Aydar– su cercanía con el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz y con el propio gobernador Raúl Jalil, la figura política más influyente de la provincia.
“Esto no es nuevo, lo venimos denunciando hace tiempo. El gobernador Jalil ha desplegado una política sistemática para poner y sacar gente en cargos clave, moldeando un Poder Judicial funcional a sus intereses”, sostuvo Aydar. En ese sentido, recordó que los últimos nombramientos en la Corte de Justicia provincial recayeron en exfuncionarios de su gabinete e incluso en un abogado ligado directamente a la familia Jalil.
Para el letrado, lo que ocurre con el jury a Costilla no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de injerencia en el que el Ejecutivo –y también el Federal– “avasalla a las instituciones” y utiliza al Poder Judicial como un “brazo ejecutor” de un clan político con fuerte poder empresarial.
De este modo, el proceso contra Costilla deja de ser visto como un mecanismo de control institucional y se convierte, según la visión de Aydar, en una muestra descarnada de las debilidades estructurales de la justicia catamarqueña. La presencia de Martín en el tribunal, con sus lazos con Angelina, Bacchiani, Vehils Ruiz y Jalil, abre un interrogante central: ¿puede hablarse de un juicio justo e imparcial en estas condiciones?
La sociedad catamarqueña, nuevamente, queda frente a un dilema: confiar en un sistema judicial que parece responder a los intereses del poder político y económico o asumir que, en la provincia, la justicia se encuentra atrapada en un esquema de manipulación donde la conveniencia partidaria prevalece sobre la búsqueda genuina de verdad y justicia.
Fuente: San Fernando Digital
