La muerte del joven becario municipal Nazareno Maza, ocurrida tras un siniestro vial el 17 de julio en Pozo de Piedra, se ha convertido en una causa judicial plagada de irregularidades, decisiones controvertidas y un manto de sospecha sobre el rol de la fiscalía interviniente en Belén.
La querella, representada por la abogada Marcela González en nombre de la madre del joven, Valeria Jesica Maza, denunció públicamente una serie de actuaciones que, lejos de garantizar transparencia y búsqueda de verdad, parecen orientadas a proteger a los responsables políticos y administrativos del municipio.
Un vehículo clave entregado antes de las pericias
Uno de los hechos más graves fue la restitución anticipada de la camioneta oficial del Municipio de Pozo de Piedra —vehículo en el que viajaba Maza y que está directamente involucrado en el siniestro— al propio intendente denunciado, José Yapura.
La entrega, realizada sin que se realizaran pericias accidentológicas previas, expone un riesgo evidente: la alteración o destrucción de la principal evidencia material del caso. Para la querella, esta decisión configura no solo un error procesal, sino una vulneración directa de los derechos de la víctima y una violación al deber de custodia de pruebas por parte de la fiscal María Belén Reartes Sesto.
La pregunta es inevitable: ¿cómo se puede esclarecer un hecho fatal si el elemento central de la investigación quedó bajo control de la misma autoridad sospechada?
Demoras, negativas y decretos contradictorios
A lo largo del proceso, la querella denunció reiteradas trabas para acceder a las copias del expediente, respuestas tardías a pedidos formales, decretos enviados semanas después de dictados, y medidas procesales plagadas de errores.
Un ejemplo expuesto fue la fijación de una audiencia para el acusado el 31 de agosto, fecha que en realidad correspondía a un domingo, lo que demuestra desprolijidad y falta de rigor. A esto se suma la negativa de la fiscalía a otorgar copias de las actuaciones invocando el artículo 311 del Código Procesal Penal, cuando la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas (Ley 27.372) garantiza precisamente lo contrario.
La sospecha de encubrimiento
Las inconsistencias no son aisladas: la fiscalía solicitó oficios con información que no corresponde a los organismos requeridos, autorizó que el vehículo permanezca en un taller privado —con denuncias de que el propio intendente ingresaba allí— y hasta pidió a una empresa de telefonía el registro de llamadas del joven en fechas posteriores a su muerte, lo que la querella calificó como una “burla”.
Todo ello alimenta la percepción de una investigación que, lejos de buscar la verdad, parece encaminarse a dilatar plazos y blindar responsabilidades políticas.
Una familia que exige justicia
La madre de Nazareno Maza, convertida en querellante, ha sido contundente: siente que la fiscalía no está de su lado, sino del denunciado. Por eso, pidió formalmente que la causa sea remitida a una fiscalía de la capital provincial, donde existan mayores garantías de imparcialidad.
“Estamos en presencia de una posible connivencia con el poder político”, señala el escrito presentado. La acusación es seria: encubrimiento agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público podrían estar configurándose detrás de una fachada de legalidad.
El costo de la impunidad
El caso Maza revela, una vez más, la fragilidad de las instituciones judiciales cuando se enfrentan a hechos que involucran a actores políticos locales. El Ministerio Público Fiscal, cuya misión es proteger los derechos de las víctimas y asegurar la búsqueda de la verdad, aparece aquí como un organismo que vulnera garantías, niega acceso a información y se maneja bajo “criterios” discrecionales.
La muerte de un joven becario municipal, que agonizó durante horas antes de ser hallado sin asistencia, merece una investigación seria, independiente y transparente. Lo contrario solo alimenta la desconfianza social en la justicia y refuerza la idea de que, en Catamarca, la balanza sigue inclinándose a favor del poder político y en contra de las víctimas.
Fuente: San Fernando Digital
