La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca dio un nuevo paso en la regulación de las plataformas de transporte al incluir en su proyecto de Ordenanza Impositiva 2026 una tasa anual de $50.000 por cada vehículo registrado en aplicaciones como Uber, Cabify u otras similares.
El gravamen tendrá como sujeto obligado a las empresas prestadoras del servicio —y no a los conductores ni a los propietarios de los vehículos— y busca equiparar las condiciones frente a taxistas y remiseros, que actualmente ya tributan al municipio. “No es un monto significativo, pero apunta a que todos compitan bajo las mismas reglas”, indicaron desde el Ejecutivo municipal.
Esta decisión se inscribe en una estrategia más amplia de control sobre el transporte mediante plataformas, luego de que el Concejo Deliberante aprobara recientemente la ordenanza que regula la actividad. La norma establece que las compañías deberán contar con domicilio legal en la ciudad, presentar documentación societaria, abonar tasas municipales y garantizar que sus conductores cumplan con exigencias específicas en materia de habilitación, seguros y estado de los vehículos.
Entre los requisitos para los choferes se incluye la posesión de licencia profesional categoría D, certificado de antecedentes penales, RTO vigente, póliza de seguro especial para transporte de pasajeros y unidades con una antigüedad no mayor a diez años. Además, se fijaron límites horarios: no podrán trabajar más de ocho horas continuas ni más de doce horas fraccionadas por día, y deberán aceptar exclusivamente viajes provenientes de plataformas habilitadas por el municipio.
Otro de los ejes de la regulación es la creación del Registro Municipal del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros (STUP), en el que deberán inscribirse todos los conductores que presten servicio mediante aplicaciones. Según se informó, este registro permitirá al municipio identificar, habilitar y fiscalizar de manera más estricta la actividad en la ciudad.
El régimen también contempla sanciones severas ante posibles incumplimientos. Para los conductores, las multas oscilarán entre 50 y 600 unidades, mientras que para las empresas las penalidades podrán alcanzar entre 300 y 2.000 unidades de multa.
Sin embargo, uno de los datos llamativos del proceso es que la ordenanza y la tasa fueron impulsadas sin contacto directo con representantes de Uber u otras plataformas. Así lo reconoció el concejal Juan Pablo Dusso en conferencia de prensa. En la misma línea, su par Fernando Navarro remarcó que Uber no posee radicación formal en ningún municipio del país, con la única excepción de Mendoza.
Mientras tanto, el Concejo Deliberante mantiene abierto el diálogo con referentes de Uber Moto, ante la posibilidad de que este servicio también sea incluido en el esquema regulatorio vigente, lo que podría ampliar aún más el alcance de la normativa y sus efectos sobre el transporte urbano en la Capital.
Fuente: San Fernando Digital
