La reciente votación en el Concejo Deliberante de la Capital, en la que los concejales mandato cumplido; Fernando Navarro, Carlos Rubén Álvarez y Gilda Godoy se pronunciaron en contra de la incorporación del artículo 93 al Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias de la Ordenanza 1368/86, volvió a poner en el centro de la escena la disputa política en torno a los derechos gremiales en el municipio.
La modificación propuesta —impulsada por el oficialismo— buscaba equiparar las licencias sindicales del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) con las que ya posee el gremio docente municipal SIDCA. Es decir, garantizar igualdad de trato en materia de representación gremial.
Sin embargo, el proyecto fue rechazado por los tres ediles, decisión que generó sorpresa en el arco gremial y que desató inmediatamente una fuerte respuesta pública por parte de Navarro, ahora concejal mandato cumplido.
En declaraciones brindadas a San Fernando Digital, Navarro justificó su voto en duros términos:
“Derechos sí, privilegios no. Casta sindical. 40 gremialistas del SOEM con licencia gremial con goce de haberes pagados por los contribuyentes de la Capital. Hasta el último día de mandato voy a estar en contra de este privilegio de la casta gremial. Perdón a los gremialistas si les duele, esto no tiene nada que ver con los derechos de los trabajadores. Quieren licencias, tómenlas, pero que no las pague el municipio y menos a 40 personas”, afirmó.
La postura del exconcejal apunta a instalar una narrativa que diferencia “derechos” de “privilegios”, aunque desde el SOEM la lectura es totalmente opuesta: la propuesta de modificación no aumentaba la cantidad de licencias ni creaba nuevas prerrogativas, sino que buscaba que el régimen municipal fuera equitativo entre los distintos gremios, un criterio ya aplicado en otros sectores estatales.
El trasfondo político también fue inevitable: mientras sectores sindicales hablan de una maniobra para debilitar la representación del sindicato mayoritario, desde el bloque opositor sostienen que el municipio debe revisar el uso de licencias gremiales y evitar lo que consideran “excesos financiados con fondos públicos”.
Lo cierto es que la votación dejó al descubierto un choque profundo entre concejales y trabajadores municipales, y reabrió un debate que atraviesa de lleno la discusión sobre la relación entre el Estado local y sus gremios: ¿se trata de igualdad de derechos o de gasto injustificado? ¿De fortalecimiento sindical o de favorecer a una estructura específica?
Por ahora, no hay señales de que la discusión encuentre un punto intermedio.
Lo que sí quedó claro es que el cierre del período legislativo no apagó las tensiones: por el contrario, las declaraciones de Navarro encendieron una nueva etapa de confrontación política que volverá a resonar en el ámbito municipal.
Fuente: San Fernando Digital
