Un grupo de jubilados y pensionados provinciales volvió a exponer públicamente su malestar por los descuentos aplicados sobre sus haberes previsionales y apuntó contra la Defensoría del Pueblo de Catamarca, a la que acusan de haberse negado a intervenir en un conflicto que consideran lesivo a sus derechos adquiridos.
El planteo está centrado en el descuento del 4,5% que aplica la Administración General de Asuntos Previsionales (AGAP) en concepto de aporte a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP). Según los reclamantes, ese porcentaje ya es retenido por la ANSES, lo que derivaría en una doble deducción que impacta de manera directa en los ingresos de los beneficiarios.
De acuerdo a lo manifestado por el dirigente radical Enrique Sir, referente del grupo de jubilados que perciben el 82% móvil, la situación se mantiene desde fines del año pasado sin que exista una respuesta administrativa o política que atienda el reclamo. Aseguró que, en la práctica, los haberes terminan sufriendo una quita total cercana al 9%, destinada a sostener financieramente a la obra social provincial.
Ante la falta de contestación por parte de la AGAP, los jubilados recurrieron a la Defensoría del Pueblo solicitando su intervención institucional. Sin embargo, según denunciaron, el organismo rechazó involucrarse en el conflicto, decisión que generó un fuerte malestar entre los afectados.
Sir sostuvo que presentó formalmente distintas notas ante la Defensoría, entre ellas un planteo contra el acta acuerdo N°398/24, instrumento que habilita el descuento cuestionado. Pese a ello, afirmó que no obtuvo una respuesta concreta y que, tras insistir mediante un pronto despacho, recibió una contestación que descartaba cualquier acción a favor de los jubilados.
El referente consideró que la postura adoptada por el Defensor del Pueblo contradice el espíritu y las atribuciones del organismo, creado para resguardar los derechos de los sectores más vulnerables frente a actos u omisiones del Estado. En ese sentido, recordó que la ley provincial que regula su funcionamiento le otorga autonomía funcional y legitimación procesal para actuar incluso en sede judicial.
Entre los cuestionamientos planteados, también se señaló que el actual Defensor del Pueblo habría tenido participación previa en el esquema normativo que habilitó el descuento, cuando aún ejercía funciones dentro del Ejecutivo provincial, lo que —a criterio de los reclamantes— comprometería su imparcialidad.
Frente a este escenario, el grupo de jubilados no descartó avanzar por la vía judicial para lograr la revisión del descuento y el eventual reintegro de los montos retenidos, al tiempo que insistieron en la necesidad de que las instituciones encargadas de velar por los derechos ciudadanos asuman un rol activo ante situaciones que afectan directamente la subsistencia de adultos mayores.
La controversia permanece abierta y podría derivar en nuevas acciones legales si no se obtiene una respuesta concreta por parte de los organismos involucrados.
Fuente: San Fernando Digital
