La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones dejó firme el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las gravísimas lesiones provocadas a Pablo Grillo y por el delito de abuso de armas reiterado durante la manifestación del 12 de marzo. El tribunal consideró que la prueba reunida hasta el momento es suficiente para que la causa avance hacia el juicio oral y abrió la posibilidad de profundizar la investigación sobre las responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo de seguridad.
La resolución confirmó lo dispuesto en primera instancia por la jueza María Servini, quien el 7 de octubre había determinado que Guerrero fue el autor del disparo que dejó a Grillo gravemente herido, además de otros cinco tiros efectuados en ángulo horizontal y en dirección a los manifestantes. Para los camaristas, el material probatorio incorporado al expediente permite establecer la responsabilidad penal directa del gendarme imputado.
En su voto, el presidente del tribunal, Roberto Boico, puso especial énfasis en la necesidad de ampliar el alcance de la investigación. Señaló que el cuadro probatorio no solo habilita el análisis de la conducta individual del agente, sino también la revisión de la cadena de mandos y de las decisiones operativas adoptadas durante el despliegue de seguridad, una línea que las querellas vienen reclamando desde el inicio de la causa.
La decisión judicial se conoció pocos días después de que la madre de Pablo Grillo difundiera una carta pública dirigida a los jueces, en la que pidió que la Justicia “imparta la justicia que necesita” su hijo. En ese mensaje, reclamó que el proceso avance sin dilaciones y que no se limite a determinar responsabilidades individuales, sino que también alcance a quienes diseñaron y autorizaron el accionar represivo que derivó en las lesiones sufridas por el joven.
En el mismo fallo, la Cámara Federal confirmó por mayoría el procesamiento del prefecto Sebastián Emanuel Martínez por el delito de lesiones gravísimas agravadas por el abuso de su función, en perjuicio de Jonathan Navarro. El hecho ocurrió también el 12 de marzo, en otro sector de la plaza frente al Congreso, donde la víctima recibió un disparo de bala de goma en un ojo que le provocó la pérdida casi total de la visión.
Respecto de ese episodio, los jueces consideraron acreditado el nexo causal entre la lesión y un disparo efectuado con una bala de goma Byrna TCR, que generó una incapacidad visual del 42%, según el peritaje del Cuerpo Médico Forense. La atribución de la autoría se sostuvo en filmaciones de cámaras domo y registros privados, pericias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Policía de la Ciudad, y en el dato de que solo tres agentes portaban ese tipo de arma con munición OC, entre los cuales fue identificado Martínez.
Además, el tribunal confirmó un embargo por 91 millones de pesos y ordenó profundizar nuevas medidas periciales vinculadas a trayectorias, ángulos y posibles rebotes del proyectil. Esta última decisión fue adoptada pese a la disidencia del juez Eduardo Farah, quien había propuesto dictar la falta de mérito.
Fuente: Airevision
