El cierre del año dejó algo más que balances contables y discursos oficiales. Dejó expuesta, una vez más, la distancia entre el relato del poder y la realidad de quienes sostienen el funcionamiento básico del Estado. Esta vez, el disparador fue una frase del gobernador de la provincia: “son 35”, dicha —según denuncian— con la intención de descalificar y minimizar la lucha de los Autoconvocados del Personal de las Fuerzas de Seguridad.
Lejos de tratarse de un número, el colectivo respondió con un mensaje contundente y cargado de dignidad. “Sí, somos 35 los que damos la cara, pero cada uno representa familias enteras”, expresaron en un comunicado difundido en las últimas horas. Familias que dependen de salarios que no alcanzan, de ingresos que no cierran y de un Estado que exige obediencia, pero responde con silencio.
El planteo no habla de privilegios, ni de lujos, ni de beneficios extraordinarios. Habla de lo elemental: llevar alimento a la mesa, sostener a los hijos, vestir un uniforme que muchas veces está tan deteriorado como las condiciones laborales. “Nuestro balance da negativo. No nos cierran las cuentas, señor gobernador”, afirman, sin eufemismos.
Mientras desde el discurso oficial se insiste en la estabilidad y la gestión ordenada, quienes patrullan las calles, responden ante emergencias climáticas y sociales, y ponen el cuerpo en contextos cada vez más complejos, denuncian abandono. Borceguíes rotos, uniformes remendados y salarios magros contrastan con la exigencia permanente de subordinación y obediencia, una obediencia que —advierten— no elimina el hambre ni las necesidades de sus hijos.
La frase “son 35” quedó así resignificada. No como un número menor, sino como un símbolo de la falta de empatía del poder político frente a un reclamo legítimo. “Nos sobra integridad para levantar la bandera de nuestro derecho a una vida digna”, sostienen, recordando que su rol profesional seguirá siendo cumplido “con honores”, incluso poniendo en riesgo la propia vida.
El comunicado cierra con una ironía que duele: desearle al gobernador un próspero 2026, aun sabiendo que ese futuro prometedor no parece estar garantizado para quienes hoy sostienen la seguridad de la provincia.
Porque no son solo 35. Son trabajadores del Estado que, aun invisibilizados, siguen de pie. Y cuando el poder reduce personas a cifras, el problema no es el número: es la política.
Fuente: San Fernando Digital
