El concejal de LLA-PRO presentó un proyecto para prohibir la interrupción de comensales por parte de vendedores ambulantes y personas que solicitan limosna. “Buscamos proteger el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un servicio digno y sin perturbaciones”, señaló.
Con el objetivo de fortalecer el orden público y potenciar la actividad económica formal, el concejal Diego Figueroa, del bloque La Libertad Avanza – PRO, presentó un proyecto de ordenanza orientado a proteger la “normal estadía, tranquilidad y seguridad” de los clientes en establecimientos gastronómicos y comercios de la ciudad.
La iniciativa surge como respuesta al incremento de situaciones donde la presencia de vendedores ambulantes y personas ajenas a los locales altera el esparcimiento de los consumidores, afectando tanto la experiencia del usuario como la imagen turística de la Capital.
El proyecto establece que los propietarios de bares, restaurantes, confiterías y comercios en general tendrán la responsabilidad de evitar el ingreso o permanencia de personas que realicen ventas no autorizadas o soliciten limosnas dentro de sus instalaciones.
«Los consumidores tienen derecho a recibir un servicio en condiciones dignas y libres de perturbaciones. No se trata de criminalizar la vulnerabilidad, sino de ordenar el uso del espacio privado habilitado y fomentar la actividad económica formal», explicó Figueroa en los fundamentos de la norma.
Puntos principales de la Ordenanza:
• Alcance Total: La norma aplica a bares, restaurantes, cervecerías, patios gastronómicos y comercios de todo el ejido municipal.
• Deber de Control: Los responsables de los locales deberán impedir la circulación de vendedores ambulantes ajenos al personal y de cualquier individuo que altere el orden.
• Responsabilidad Empresarial: Los titulares de los establecimientos serán los garantes del cumplimiento de la norma, pudiendo enfrentar sanciones en caso de permitir o tolerar estas conductas.
• Régimen de Sanciones: El incumplimiento podrá derivar en apercibimientos, multas y, en casos de reincidencia o gravedad, la clausura temporaria o suspensión de la habilitación.
El concejal Figueroa subrayó que esta medida es clave para la convivencia urbana y el desarrollo comercial. «El Estado Municipal debe preservar el orden y garantizar que los espacios de recreación sean seguros. Estas situaciones generan incomodidad y, en ocasiones, derivan en hechos de violencia o discusiones que dañan la imagen de nuestra ciudad», concluyó.
El proyecto faculta además a la autoridad de aplicación a requerir la intervención de fuerzas de seguridad y áreas sociales cuando sea necesario, asegurando un abordaje integral de la problemática sin descuidar el impacto social.
Fuente: San Fernando Digital
