Una nueva presentación judicial volvió a agitar uno de los expedientes más sensibles de los últimos años en Catamarca, el que tiene como principal protagonista al financista Edgar Adhemar Bacchiani. En esta oportunidad, el foco de la investigación no se limita a las maniobras financieras que ya se encuentran bajo análisis, sino que apunta a un hecho de especial gravedad institucional: la presunta utilización del sistema judicial para realizar acusaciones falsas contra terceros.
La denuncia fue presentada ante la justicia federal por el abogado Carlos Correa, quien solicitó que se investigue la posible comisión del delito de falsa denuncia. Según expuso en su escrito, Bacchiani habría formulado imputaciones contra determinadas personas sin sustento real, una conducta que, de comprobarse, podría constituir un delito previsto y sancionado por el Código Penal argentino.
De acuerdo con la presentación, no se trataría únicamente de un conflicto entre particulares. La hipótesis planteada sostiene que se habría intentado distorsionar el funcionamiento del sistema judicial mediante acusaciones infundadas que podrían haber buscado desviar responsabilidades o comprometer a terceros sin elementos probatorios suficientes.
El Código Penal contempla la figura de la falsa denuncia como un delito autónomo, debido a que denunciar un hecho inexistente o atribuirlo falsamente a otra persona no solo afecta el honor y la libertad del acusado, sino que además compromete el normal funcionamiento de la administración de justicia.
En ese contexto, el denunciante aseguró que existen elementos que permitirían sostener la materialidad del hecho y avanzar hacia una imputación formal. Asimismo, solicitó ser admitido como querellante particular, lo que le permitiría intervenir activamente en el proceso, aportar pruebas y participar de las distintas etapas de la investigación.
La presentación judicial, sin embargo, no se limita a cuestionar las imputaciones realizadas por el financista. También introduce un punto que podría resultar determinante en el avance del expediente: la presunta existencia de bienes que no habrían sido declarados ante la justicia.
Entre los elementos mencionados figura un inmueble ubicado en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, cuya existencia habría surgido a partir de testimonios incorporados durante el año 2024. Según sostiene la denuncia, ese bien no habría sido mencionado por el imputado en sus declaraciones judiciales, lo que abre interrogantes sobre la verdadera composición de su patrimonio.
Correa resalta en su presentación y hace referencia a las últimas declaraciones dadas a conocer con fecha 3 de marzo de 2026 por el diario vinculado al equipo técnico del reo (Editorial Capayán), las suspicaces omisiones del reo Edgar Adhemar Bacchiani, lo que podría evidenciar la existencia de un posible interés de terceros y eventuales maniobras de ocultamiento patrimonial.
El escrito también señala que la titularidad registral del inmueble correspondería a una persona vinculada al entorno legal del financista —la concubina del abogado Ricardo Angelina—, circunstancia que, según el planteo presentado ante la justicia, debería ser investigada para determinar si existió algún tipo de maniobra orientada al eventual ocultamiento de bienes.
A partir de este planteo surge una pregunta central dentro del expediente: si ese inmueble no fue declarado oportunamente, podría existir la posibilidad de que otros activos permanezcan fuera del radar judicial.
Con el objetivo de esclarecer estos puntos, la presentación solicita una serie de medidas de prueba. Entre ellas se incluyen inspecciones oculares sobre los inmuebles mencionados, pedidos de informes al Registro de la Propiedad Inmobiliaria y requerimientos a empresas de correo para reconstruir eventuales comunicaciones vinculadas con operaciones patrimoniales.
Para el Dr. Correa, el diario El Ancasti de Editorial Capayán se consolida como el medio oficial de notificaciones y principal vocero del reo Bacchiani.
El objetivo, según se desprende del escrito, es reconstruir con precisión el patrimonio real del imputado y determinar si existieron bienes omitidos en las declaraciones presentadas ante la justicia.
El denominado caso Bacchiani ya había generado un fuerte impacto social en Catamarca, tanto por la cantidad de damnificados como por el volumen económico involucrado en la investigación. Sin embargo, esta nueva denuncia introduce un elemento adicional que podría modificar el escenario judicial: la eventual existencia de acusaciones falsas dentro del propio proceso o maniobras destinadas a desviar responsabilidades.
De confirmarse estos extremos, el expediente podría adquirir una dimensión aún mayor, no solo por las eventuales responsabilidades penales que podrían sumarse, sino también por el impacto que tendría sobre la credibilidad de algunas de las acusaciones formuladas durante la causa.
Por el momento, la última palabra la tiene la Fiscalía Federal de Catamarca, que deberá evaluar la denuncia presentada, analizar las pruebas aportadas y determinar si corresponde avanzar con una nueva imputación.
Mientras tanto, el expediente continúa sumando capítulos y cada nuevo elemento que aparece en la causa abre más interrogantes que certezas. En un proceso de esta magnitud, marcado por su impacto económico y social, la expectativa pública sigue siendo la misma: que la investigación avance hasta esclarecer los hechos y establecer responsabilidades con claridad.
Fuente: San Fernando Digital
