El Salvador dio un nuevo paso en el endurecimiento de su política de seguridad luego de que la Asamblea Legislativa aprobara una reforma a la Ley Penal Juvenil que habilita la prisión perpetua para menores de edad en casos de delitos graves. La medida, promovida por el gobierno de Nayib Bukele, se enmarca en la ofensiva oficial contra las pandillas y el crimen organizado, y profundiza el giro punitivo que el país viene consolidando en los últimos años.
La modificación fue sancionada tras una reciente reforma constitucional que permitió incorporar la pena de prisión perpetua para delitos como homicidio, violación y terrorismo. En ese contexto, el Congreso salvadoreño —dominado por el oficialismo y sus aliados— aprobó adaptar la legislación juvenil para que esa sanción también pueda aplicarse a personas menores de 18 años. Según la información difundida por distintos medios, la votación reunió 57 apoyos sobre 60 diputados, mientras la oposición minoritaria rechazó o se abstuvo.
De acuerdo con el texto aprobado, la reforma incorpora la prisión perpetua dentro del catálogo excepcional de penas aplicables a adolescentes en conflicto con la ley penal. Además, establece que en los casos alcanzados por esta sanción deberá existir una revisión periódica conforme a lo previsto en el Código Penal, mecanismo que el oficialismo presentó como una forma de mantener compatibilidad con estándares constitucionales e internacionales.
La nueva normativa apunta especialmente a menores acusados de homicidio, violación o actos de terrorismo, categoría que en el discurso oficial incluye a integrantes de pandillas. La decisión fue defendida por el entorno de Bukele como parte de la estrategia de “mano dura” que sostiene desde 2022 bajo el régimen de excepción, una política que derivó en más de 90.000 detenciones y que le dio al presidente altos niveles de respaldo interno, aunque también multiplicó las críticas por presuntas violaciones a los derechos humanos.
La aprobación de la reforma desató cuestionamientos inmediatos de organismos internacionales. UNICEF y el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta en la que advirtieron que la prisión perpetua para adolescentes contradice principios fundamentales del sistema de justicia juvenil y reclamaron al Estado salvadoreño que garantice medidas orientadas a la reintegración, el aprendizaje y la rehabilitación.
En la misma línea, Human Rights Watch sostuvo que la decisión “contradice estándares internacionales” y alertó que el endurecimiento penal contra menores se produce en un contexto de creciente preocupación global por las condiciones del régimen de excepción salvadoreño. Así, la reforma no solo reavivó el debate interno sobre seguridad y castigo, sino que también volvió a poner a El Salvador en el centro de la discusión regional por los límites entre combate al crimen y respeto a los derechos fundamentales.
Fuente: Airevision
