Un episodio de alta tensión se registró el pasado 29 de junio en el Establecimiento Penitenciario Femenino de Catamarca, donde dos internas protagonizaron hechos de violencia que alteraron gravemente el orden dentro del pabellón de procesadas. Sin embargo, lejos de las versiones que circularon en algunos sectores mediáticos, el acta oficial da cuenta de un procedimiento coordinado, progresivo y ajustado a protocolo por parte del personal penitenciario.
De acuerdo a la documentación labrada, el conflicto se inició alrededor de las 17 horas, cuando las internas Castro y Márquez comenzaron a exigir de manera violenta elementos de higiene y cigarrillos, arrojando muebles y objetos personales hacia otras detenidas.
Ante este escenario, el personal intervino inicialmente mediante órdenes verbales para que cesaran su conducta y regresaran a sus celdas. No solo desobedecieron, sino que respondieron con amenazas explícitas, incluyendo la intención de agredir con agua hirviendo y causar daño físico tanto a otras internas como al personal.
La situación escaló rápidamente cuando una de las detenidas intentó agredir a otra interna, mientras que la otra tomó un objeto contundente con intenciones de atacar al personal. En ese contexto, se procedió a una intervención directa para neutralizar el riesgo, logrando desarmarla y contenerla, pese a la resistencia física que incluyó golpes y patadas contra las agentes.
El procedimiento continuó con el cierre preventivo de celdas para resguardar la integridad del resto de la población carcelaria, y la intervención de autoridades superiores, quienes intentaron establecer un canal de diálogo. Según consta en el acta, las internas no solo rechazaron la asistencia profesional ofrecida, sino que manifestaron su intención de denunciar sistemáticamente al personal como estrategia para obtener beneficios judiciales.
Lejos de descomprimir la situación, una de las internas volvió a intentar agredir a un funcionario de alto rango con un objeto contundente, lo que obligó a la jefatura a ordenar el uso racional de la fuerza. La intervención permitió reducir a ambas detenidas y restablecer el control sin que se registraran lesiones en el resto de las internas.
Posteriormente, se activaron los protocolos sanitarios: personal médico y psiquiátrico intervino ante el cuadro de crisis nerviosa, suministrando medicación bajo indicación profesional y realizando controles clínicos sin detectar lesiones de gravedad.
El accionar fue además judicializado, ya que el personal agredido radicó la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial N° 5, avanzando así en el encuadre legal de los hechos.
Finalmente, las internas fueron alojadas bajo medidas cautelares por 24 horas, conforme a la normativa vigente.
Cabe señalar que el Penal de Mujeres donde ocurrió el hecho funciona en el mismo predio donde anteriormente operaba la Alcaidía de Menores, institución vinculada a la causa por la muerte de cuatro menores en 2011, expediente que recientemente quedó sin responsables, por la desidia judicial.
Fuente: San Fernando Digital
