La migración de fondos entre las financieras, las actuaciones ante el Banco Central y el vínculo que llevó al juez Miguel Ángel Contreras a apartarse de la causa conforman una secuencia de hechos que todavía plantea interrogantes.
La investigación sobre las financieras catamarqueñas continúa dejando preguntas abiertas sobre el contexto político, financiero y judicial en el que se produjo el colapso de Adhemar Capital y, posteriormente, de RT Inversiones.
Una reconstrucción publicada por El Ancasti incorporó un dato relevante para comprender aquel período: RT Inversiones habría protagonizado una fuerte captación de clientes que anteriormente mantenían fondos en Adhemar Capital. Según esa reconstrucción periodística, la migración habría alcanzado dimensiones multimillonarias y habría impactado sobre la liquidez de la empresa de Edgar Adhemar Bacchiani.
El propio Bacchiani declaró judicialmente que la aparición de una empresa que ofrecía rendimientos superiores había provocado el retiro de fondos de cientos de inversores.
Ese dato adquiere particular interés cuando se lo observa junto con la cronología de decisiones y actuaciones oficiales que tuvieron lugar durante 2021.
EL INTERÉS DEL GOBIERNO POR EL MERCADO DE ACTIVOS DIGITALES
En febrero de 2021, varios meses antes de la crisis que terminaría afectando a Adhemar Capital, el gobernador Raúl Jalil promovió públicamente una iniciativa vinculada con la regulación de las monedas virtuales y la posibilidad de desarrollar un denominado «Peso Digital Argentino».
Según informó Infobae el 10 de febrero de 2021, Jalil había dado luz verde a un documento denominado La necesidad de una estrategia Fintech de país, que planteaba la posibilidad de establecer un marco regulatorio nacional e incluso avanzar hacia una moneda digital argentina o del Norte Grande.
El antecedente demuestra que el Gobierno provincial tenía, al menos desde ese momento, interés institucional en la discusión sobre la regulación y el desarrollo de actividades vinculadas con los activos digitales.
Sin embargo, ese hecho, por sí solo, no permite afirmar que aquella iniciativa hubiera sido diseñada para perjudicar a Adhemar Capital ni para beneficiar a RT Inversiones.
Para sostener una hipótesis de ese tipo serían necesarias pruebas adicionales, como documentos, comunicaciones, testimonios o actuaciones oficiales que permitieran establecer una relación concreta.
LA PRESENTACIÓN ANTE EL BANCO CENTRAL
El 28 de septiembre de 2021, Jalil realizó una presentación ante el Banco Central de la República Argentina para advertir sobre empresas no financieras que captaban fondos destinados presuntamente a inversiones en criptomonedas y ofrecían rendimientos extraordinarios.
A partir de aquella presentación se iniciaron actuaciones y la fiscalización terminó concentrándose en Adhemar Capital.
Fuentes periodísticas posteriores también consignaron que Jalil y el entonces gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, habían advertido al Banco Central sobre este tipo de operatorias.
La fecha adquiere relevancia al reconstruir lo ocurrido durante los meses siguientes.
Según la investigación publicada por El Ancasti, la salida de capitales desde Adhemar Capital hacia RT Inversiones se habría acelerado a partir de octubre de 2021, precisamente durante el período en que organismos nacionales comenzaron a poner el foco sobre la operatoria de Bacchiani.
La coincidencia temporal constituye un dato que merece ser reconstruido documentalmente. Pero la existencia de esa coincidencia no demuestra por sí misma que una actuación estatal haya provocado deliberadamente la migración de fondos hacia RT Inversiones.
Ese vínculo causal es, precisamente, uno de los puntos que todavía deberían ser esclarecidos.
RT INVERSIONES Y LA DISPUTA POR LOS INVERSORES
RT Inversiones había comenzado a ofrecer rendimientos vinculados con criptomonedas en abril de 2021 y, de acuerdo con la reconstrucción publicada por El Ancasti, fue adquiriendo una posición cada vez más importante en el mismo mercado en el que operaba Adhemar Capital.
La competencia entre ambas estructuras habría llegado al punto de que algunos inversores reclamaban mayores tasas para permanecer en Adhemar, mientras RT ofrecía rendimientos superiores.
Según la reconstrucción periodística, una parte de los clientes terminó trasladando sus fondos.
El interrogante que surge de esta secuencia es concreto:
¿Qué información tenía el Estado provincial sobre la operatoria de RT Inversiones durante el mismo período en que se impulsaban actuaciones sobre Adhemar Capital?
La pregunta adquiere mayor relevancia si se confirma documentalmente que RT Inversiones no había sido incluida en la presentación efectuada ante el Banco Central.
Un informe posterior vinculado con la denominada «Ruta del Dinero», presentado desde la querella, cuestionó precisamente esa circunstancia y sostuvo que RT Inversiones no había sido incluida en aquella denuncia.
Se trata, en este caso, de un planteo de parte y no de una conclusión judicial firme.
Por esa razón, la cuestión central debería resolverse mediante el acceso al expediente administrativo original del Banco Central: allí debería poder determinarse qué empresas fueron individualizadas, qué información recibió el organismo y cuál fue el alcance concreto de la presentación realizada en septiembre de 2021.
UNA CRONOLOGÍA QUE MERECE SER RECONSTRUIDA
Los acontecimientos permiten establecer, al menos, la siguiente sucesión temporal:
- Febrero de 2021: el Gobierno de Raúl Jalil impulsa una propuesta relacionada con la regulación de activos digitales y una eventual moneda digital.
- Abril de 2021: RT Inversiones comienza a ofrecer rendimientos vinculados con criptomonedas.
- 28 de septiembre de 2021: Jalil realiza una presentación ante el Banco Central relacionada con empresas que captarían fondos y ofrecerían rendimientos extraordinarios.
- Octubre de 2021: según la reconstrucción publicada por El Ancasti, se acelera la migración de inversores desde Adhemar hacia RT.
- Meses posteriores: ambas estructuras quedan alcanzadas por investigaciones y finalmente enfrentan graves dificultades financieras y judiciales.
La sucesión temporal de estos acontecimientos no permite establecer por sí sola una relación causal entre las decisiones del Gobierno provincial y el crecimiento de RT Inversiones.
Pero sí plantea preguntas que pueden ser respondidas mediante documentación oficial.
¿Qué empresas fueron denunciadas?
¿Qué información tenía el Gobierno sobre cada una de ellas?
¿Qué datos recibió el Banco Central?
¿Por qué las actuaciones derivadas de aquella presentación se concentraron en Adhemar Capital?
¿Existía información sobre RT Inversiones?
¿Fue incorporada a las actuaciones posteriores?
Son interrogantes que pueden ser contestados con expedientes y documentos, sin necesidad de recurrir a hipótesis no comprobadas.
La investigación sobre RT Inversiones tiene además un capítulo estrictamente judicial.
La causa tramitaba en la Justicia Federal de Catamarca, cuyo titular era el juez Miguel Ángel Contreras.
Contreras se apartó de intervenir en el expediente debido a la relación de amistad que mantenía con Edgardo Bulacio padre, según surge de los antecedentes de su apartamiento.
A partir de esa inhibición intervino como subrogante el juez federal santiagueño Sebastián Argibay.
Bajo la intervención de Argibay se produjeron el 11 de mayo de 2022 allanamientos y detenciones vinculados con la investigación sobre RT Inversiones.
Entre los investigados se encontraban Edgardo Edmundo Bulacio y Edgardo Federico Bulacio.
El dato relevante, por lo tanto, no es atribuir intenciones al juez Contreras, sino observar que el propio magistrado consideró que la relación existente con uno de los principales investigados constituía una circunstancia que impedía su intervención en el expediente.
Ese hecho forma parte de la historia procesal de la causa.
Lo que no corresponde presentar como hecho probado, mientras no exista documentación que lo respalde, son versiones adicionales sobre una eventual relación de compadrazgo, préstamos de viviendas u otras circunstancias personales que excedan aquello que surge de las actuaciones judiciales.
La diferencia no es menor.
Una cosa es informar que un magistrado se apartó y explicar las razones consignadas en el expediente.
Otra muy distinta es atribuirle una relación personal determinada o sugerir, sin prueba, que ese vínculo produjo algún beneficio procesal para los investigados.
LA PREGUNTA QUE SIGUE ABIERTA
La información disponible permite reconstruir una sucesión de acontecimientos, pero no permite presentar como hecho probado que Raúl Jalil haya diseñado un plan para perjudicar a Adhemar Capital y favorecer a RT Inversiones.
Tampoco permite afirmar, sin documentación adicional, que la presentación realizada ante el Banco Central haya tenido como finalidad provocar una migración de fondos hacia otra empresa.
Lo que sí existe es una serie de hechos que merecen ser examinados conjuntamente.
Un Gobierno provincial que durante 2021 impulsaba una discusión sobre regulación de activos digitales.
Una presentación ante el Banco Central sobre empresas que ofrecían rendimientos extraordinarios.
Una fiscalización que posteriormente se concentró en Adhemar Capital.
Una empresa competidora —RT Inversiones— que, según reconstrucciones periodísticas, incrementaba simultáneamente su captación de inversores.
Una eventual migración de fondos entre ambas estructuras.
Y un juez federal que posteriormente debió apartarse de la investigación sobre RT Inversiones debido a una relación personal con uno de sus principales investigados.
Cada uno de esos hechos requiere su propia prueba.
La cuestión periodística consiste en determinar si, además de coexistir temporalmente, existió entre ellos alguna conexión que pueda ser demostrada documentalmente.
LOS DOCUMENTOS QUE PODRÍAN DAR LA RESPUESTA
Hay, al menos, cinco fuentes documentales que permitirían avanzar sobre las preguntas todavía abiertas:
1. El expediente administrativo del Banco Central: para determinar exactamente qué empresas fueron mencionadas en la presentación realizada en septiembre de 2021.
2. Las actuaciones de fiscalización: para establecer qué información recibió el organismo y por qué decidió concentrar sus actuaciones sobre determinadas empresas.
3. Los expedientes judiciales de Adhemar Capital y RT Inversiones: para reconstruir la evolución de los fondos y las declaraciones realizadas por los protagonistas.
4. Las resoluciones vinculadas con la inhibición del juez Contreras: para conocer exactamente qué relación invocó el magistrado y cuáles fueron sus fundamentos.
5. La documentación financiera incorporada a las causas: para determinar si efectivamente existió una migración de fondos desde Adhemar hacia RT, cuál habría sido su magnitud y durante qué período se produjo.
Estos documentos permitirían pasar de las reconstrucciones periodísticas y las hipótesis a una respuesta sustentada en evidencia.
UNA HISTORIA QUE TODAVÍA NO ESTÁ CERRADA
La crisis de las financieras catamarqueñas dejó miles de inversores afectados y abrió investigaciones judiciales de enorme trascendencia.
La eventual migración de fondos desde Adhemar Capital hacia RT Inversiones constituye uno de los capítulos que todavía necesita una reconstrucción completa.
Pero esa reconstrucción no debería partir de una conclusión predeterminada.
Si hubo una transferencia masiva de inversores, los movimientos financieros deberían permitir establecer su magnitud.
Si existieron actuaciones estatales sobre determinadas empresas y no sobre otras, los expedientes administrativos deberían permitir conocer las razones.
Si hubo información previa sobre RT Inversiones, debería surgir de las actuaciones del Banco Central.
Y si la relación entre un magistrado y uno de los investigados motivó su apartamiento, la resolución judicial correspondiente permite conocer exactamente sus fundamentos.
Por eso, las preguntas que plantea esta investigación no constituyen una imputación penal contra los funcionarios, empresarios o magistrados mencionados.
Son interrogantes derivados de hechos, actuaciones administrativas, resoluciones judiciales y reconstrucciones periodísticas que deben ser contrastados con los expedientes originales.
La respuesta definitiva, si existe, deberá surgir de esa documentación y de la prueba judicial.
No de una conclusión anticipada.
Porque en una investigación de esta magnitud, la diferencia entre una sospecha y una prueba puede estar contenida en un expediente que todavía nadie terminó de mirar.
Fuentes mencionadas
- El Ancasti: reconstrucción sobre la migración de inversores desde Adhemar Capital hacia RT Inversiones.
- Infobae: información publicada en febrero de 2021 sobre la propuesta vinculada al denominado «Peso Digital Argentino».
- Actuaciones y resoluciones judiciales correspondientes a las causas vinculadas con Adhemar Capital y RT Inversiones.
- Actuaciones administrativas del Banco Central de la República Argentina, cuya consulta resulta necesaria para determinar el alcance de la presentación realizada en septiembre de 2021.
Fuente: San Fernando Digital
