La Secretaría de Seguridad, la Policía de la Provincia, la Municipalidad de la Capital y el Ministerio Público Fiscal articulan acciones para abordar la circulación de grupos de motociclistas cuyas conductas generan riesgos para quienes participan de estas concentraciones y para el resto de las personas que transitan por la vía pública.
La problemática no es nueva y viene siendo atendida por los distintos organismos desde sus competencias específicas. En este marco, se realizó una reunión en el SAE 911 para fortalecer la coordinación y establecer mecanismos de actuación y comunicación ante las distintas situaciones que puedan presentarse.
En la mayoría de los casos se trata de infracciones a las normas de tránsito. Sin embargo, determinadas conductas pueden constituir contravenciones, como conducir de manera peligrosa o a velocidades excesivas, o hacerlo bajo los efectos del alcohol u otras sustancias que afecten la capacidad de conducción. Asimismo, ante hechos que puedan configurar delitos, como resistencia o atentado contra la autoridad, lesiones o daños, interviene el Ministerio Público Fiscal conforme a sus atribuciones.
Prevención y controles
Desde la Policía de la Provincia se trabaja en la prevención de estas concentraciones. Cuando se cuenta con información sobre posibles convocatorias, se dispone la presencia de personal en los lugares habituales para desactivar estas situaciones y evitar que deriven en hechos de mayor riesgo.
Durante las intervenciones, se realiza un acompañamiento controlado para evitar persecuciones que puedan provocar accidentes o lesiones. Asimismo, se registran las patentes de las motocicletas para iniciar las actuaciones contravencionales o penales que correspondan. Cuando las condiciones de seguridad lo permiten, se implementan cerrojos para proceder al secuestro de los vehículos y adoptar las medidas correspondientes.
Por su parte, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de la Capital realiza operativos específicos destinados al control de vehículos con escapes libres, en el marco de la Ordenanza N.º 917. Durante los procedimientos se verifica la documentación obligatoria y el uso del casco y, ante la presencia de escapes que generen niveles de ruido superiores a los permitidos, se realiza la correspondiente medición con decibelímetro. Cuando se constata el exceso establecido por la normativa, se procede al secuestro del vehículo.
En tanto, el Ministerio Público Fiscal interviene ante aquellas situaciones que puedan constituir delitos y trabaja de manera coordinada con las fuerzas de seguridad para establecer las medidas de investigación que correspondan en cada caso.
La articulación entre los organismos permite fortalecer las tareas de prevención, mejorar la comunicación ante las distintas situaciones y definir intervenciones acordes a la naturaleza de cada hecho, con el objetivo de reducir los riesgos en la vía pública y proteger la vida y la integridad de quienes circulan por la ciudad.
Fuente: San Fernando Digital
