El abogado querellante Alfredo Aydar lanzó duras acusaciones contra la justicia federal de Tucumán, en medio del escándalo por las presuntas coimas para direccionar sentencias. En una entrevista en el programa El Avispero de UNA Multimedios, el letrado calificó la situación como “la clara muestra de la pornografía que vivimos en el Poder Judicial argentino” y vinculó el caso con causas de alto impacto en Catamarca, como Adhemar Capital y RT Inversiones, que involucran más de 480 millones de dólares y a más de 10.000 víctimas en todo el país.
El poder detrás de las causas millonarias
Aydar remarcó que desde hace más de tres años advierten sobre maniobras judiciales que, según él, beneficiaron sistemáticamente a los responsables de estas estructuras financieras. Denunció que en RT Inversiones, ligada al clan Bulacio, el hijo del principal acusado es ahijado de un juez federal, lo que explica —a su entender— la impunidad con la que se manejaron.
“Nos hartamos de pedir que los lugartenientes de Edgar Bacchiani, como José Blas y Alexis Sarroca, vayan a la cárcel. Siguen en sus casas con celulares, haciendo transferencias, y las detenciones son rechazadas una y otra vez. Ahora entendemos por qué”, señaló.
El abogado recordó que recusaron al juez federal Contreras, aportando pruebas de que funcionarios judiciales tenían familiares inversores en Adhemar Capital. Sin embargo, la Cámara Federal de Tucumán desestimó el planteo. “Siempre se beneficiaba a los delincuentes. Ahora vemos cómo funcionaba todo”, acusó.
Justicia como “casta” y negocio familiar
Consultado sobre si el sistema judicial opera como un negocio de élites, Aydar no dudó en afirmar que se trata de una “casta” donde los vínculos familiares pesan más que los méritos. “Podés estudiar y sacarte diez en todo, pero si yo me saco un cuatro y soy pariente de un juez o me pongo de novio con la hija de un camarista, termino siendo tu jefe. Eso es lo que pasa en Tucumán”, ironizó, mencionando casos concretos de funcionarios y parientes incorporados en el esquema de poder judicial.
El precio de la justicia
La entrevista también abordó los trascendidos de que en Tucumán una sentencia podría costar hasta 100 mil dólares. Aydar respondió con crudeza: “En derecho penal existe la igualdad de armas, pero acá no hay defensa ni igualdad. Ellos pueden decir y hacer lo que quieran, mientras a los abogados querellantes nos imputan por cualquier palabra de más. Es un poder totalmente desigual. Esto es peor que en la dictadura”.
El letrado denunció haber sido víctima de persecución en Catamarca: “Me armaron causas, me escracharon y me apretaron. Yo no podía defenderme, pero ellos sí. Al tener la firma, en cinco minutos te imputan lo que quieran”.
El futuro de las investigaciones
Aydar adelantó que iniciarán nuevas denuncias penales contra funcionarios judiciales en las próximas semanas y evalúan ampliar la ofensiva en la propia Cámara Federal de Tucumán. Sin embargo, se mostró escéptico sobre los alcances de la investigación: “Si el fiscal Agustín Chit realmente quiere llegar a la verdad absoluta, lo puede hacer. Pero lo más probable es que terminen juzgando a los más débiles, como siempre”.
El abogado advirtió que el destino de cientos de víctimas en Catamarca y Tucumán depende de la presión social y mediática: “Si esto se duerme en dos semanas, queda en la nada. Solo con la presión de los abogados, los querellantes y los medios independientes se puede evitar la impunidad”.
Concluyó señalando que la Cámara Federal de Tucumán debe explicar cómo resolverá los más de tres años de irregularidades denunciadas: “Nos contestaban con la chapa de ‘la Cámara reunida en pleno decide’. Hoy les toca dar explicaciones. La credibilidad de la justicia está en juego”.
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Fuente: San Fernando Digital
