La abogada Marcela González, representante de la familia de Nazareno Maza, utilizó sus redes sociales para cuestionar con dureza a la Fiscalía General de Catamarca, a la que acusó de difundir “noticias falsas” a través del diario El Ancasti y de “encubrir” a los fiscales que llevan adelante la investigación.
El caso que sacudió a la comunidad de Belén tiene como eje la muerte de Nazareno Maza en un siniestro vial, ocurrido a bordo de una camioneta perteneciente al municipio de Pozo de Piedra. Desde entonces, la familia de la víctima sostiene que hubo graves irregularidades en el proceso investigativo.
En su publicación, González expresó:
“Rápido salió la fiscalía general a dar noticias falsas por El Ancasti. Tranquilo, fiscal general, que ya le voy a acercar el pedido de que la causa de Nazareno Maza sea elevada a la capital. Es entendible que usted envíe información a los medios cubriendo a los fiscales, pero debería ponerse del lado de las víctimas, no de quien investigó mal”.
La letrada señaló que en Belén se vulneraron los derechos y garantías de la madre de Maza, y cuestionó las demoras y falencias de la fiscal a cargo: “Recién ayer le entró el apuro por querer hacer todo, es más, ni sabía el número del teléfono que secuestró”.
Uno de los puntos más polémicos que subrayó González es la decisión de entregar la camioneta municipal al propio municipio y derivarla a un taller particular, a pesar de ser una prueba clave en la investigación. “Ese tremendo error fue avalado por el fiscal general”, denunció.
La abogada remarcó que la actitud de la Fiscalía General no hace más que profundizar la desconfianza social:
“Acá siguen dando que hablar la Justicia de Catamarca y se están convirtiendo en el mismo corporativo que quisimos erradicar por años. ¡No mientan! Sean sinceros con la sociedad”.
Finalmente, González pidió al fiscal general que “se ocupe de que los fiscales no vulneren los derechos y garantías de las víctimas antes de prenderse en puteríos”, en una declaración que refleja el nivel de tensión entre las partes.
El descargo de la abogada reaviva el debate sobre la falta de garantías procesales y la credibilidad de la Justicia en Catamarca, especialmente en casos donde están en juego responsabilidades de funcionarios públicos.
Fuente: San Fernando Digital
