El concejal Diego Martín Figueroa respondió a las declaraciones del Presidente del Concejo Deliberante, quien cuestionó a la oposición reclamando “más seriedad”.
“Seriedad es decir la verdad, aunque incomode. Y la realidad del municipio es que existen alrededor de 5.600 trabajadores precarizados, que cumplen funciones esenciales como barrido, alumbrado y bacheo, sin aportes, sin vacaciones, sin aguinaldo y sin derechos laborales básicos, percibiendo ingresos cercanos a los 350 mil pesos”, expresó Figueroa.
El edil remarcó que estos trabajadores deben, en muchos casos, esperar más de 10 años para acceder a la planta permanente, dependiendo de decisiones discrecionales y no de mecanismos automáticos o transparentes.
“Esto no ha sido desmentido por nadie. Es una realidad establecida en la ordenanza 8020/21 que se intenta ocultar, pero que está a la vista de todos”, sostuvo.
Asimismo, cuestionó el alcance de los acuerdos salariales celebrados con el gremio SOEM:
“Sin discutir la legitimidad del sindicato ni el derecho de los trabajadores en blanco a mejorar sus ingresos, lo que nos pone muy contentos porque es necesario, también es cierto que el Intendente no contempla terminar con la precarización laboral y miles de trabajadores municipales quedan excluidos, generando una profunda desigualdad dentro del propio Estado municipal”.
En ese sentido, Figueroa señaló que “mientras algunos trabajadores acceden con justicia a mejoras salariales, otros siguen invisibilizados, en condiciones laborales indignas, sin representación efectiva ni voz en las negociaciones”.
Finalmente, el concejal fue contundente:
“Hoy alcé la voz por ellos, por los que no pueden hablar, por los que trabajan todos los días para que la ciudad funcione. Y lo voy a seguir haciendo, aunque incomode o moleste. Porque la verdadera falta de seriedad es mirar para otro lado”.
[15:02, 20/3/2026] Yuyo Zamiruk: Buscan poner fin al uso discrecional de vehículos oficiales en Catamarca
El bloque de Diputados de La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley para crear un sistema integral de control, registro y transparencia sobre el uso del parque automotor estatal.
En el ámbito de la Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca, fue presentado un proyecto de ley que propone establecer un régimen integral de control, uso y administración de los vehículos oficiales del Estado, con el objetivo de garantizar mayor transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos.
La iniciativa surge ante la necesidad de actualizar la normativa vigente —que data del año 1992— y que actualmente resulta insuficiente frente a las demandas de control y rendición de cuentas que exige la sociedad.
«El problema no es la falta de recursos, sino la falta de control. Hoy no existe un sistema claro que permita saber cómo, cuándo y para qué se utilizan los vehículos del Estado», indicó el diputado provincial Mateo Manti, uno de los iniciadores del proyecto.
Entre los principales puntos de la propuesta se destacan:
La creación de un Registro Provincial de Vehículos Oficiales, de acceso público y digital.
La implementación de registros obligatorios de uso, donde consten datos como conductor, destino, horarios y kilometraje.
Sistemas de control del consumo de combustible.
La identificación visible de los vehículos mediante ploteo institucional.
La prohibición de uso fuera del horario laboral sin autorización.
La obligación de resguardar los vehículos en dependencias públicas.
La habilitación de mecanismos de denuncia ciudadana ante posibles irregularidades.
El control externo por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Según se detalla en el proyecto, estas medidas permitirán contar con información precisa sobre el parque automotor estatal, reducir gastos innecesarios y fortalecer los mecanismos de auditoría y control.
El objetivo es simple: ordenar, transparentar y cuidar los recursos de todos los catamarqueños. Si es un bien público, tiene que poder ser controlado, sostuvo el bloque libertario.
El proyecto también prevé la derogación de la actual Ley Provincial N° 4717, con el fin de reemplazarla por un marco normativo moderno, acorde a los estándares actuales de gestión pública.
Finalmente, el proyecto invita a los municipios de la provincia a adherir a la normativa, con el propósito de unificar criterios y fortalecer la transparencia en todos los niveles del Estado.
Fuente: San Fernando Digital
