Un hecho tan insólito como alarmante sacudió el fin de semana a la capital catamarqueña: expedientes judiciales vinculados al Tribunal de Cuentas aparecieron tirados en un basural detrás del estadio de fútbol. La situación fue denunciada públicamente por Máximo Pastrana, candidato a concejal por el Partido Demócrata, quien presentó la exposición correspondiente en la Unidad Judicial N°4, aunque hasta el momento asegura no haber recibido respuestas de las autoridades.
Según relató Pastrana, el hallazgo se produjo a raíz de comentarios en redes sociales que le pedían exponer la situación del basural. Al acercarse, descubrió carpetas con expedientes iniciados por el Tribunal de Cuentas y derivados al Juzgado de Ejecución Fiscal, documentos que —por normativa— deberían encontrarse en trámite, bajo archivo judicial o incinerados siguiendo el procedimiento correspondiente, nunca a cielo abierto en un basural municipal.
El candidato no dudó en señalar la gravedad institucional del hecho: no solo se trata de un abandono irregular de documentación sensible, sino de una muestra de la falta de control y resguardo en organismos estatales que deberían ser garantes de transparencia.
Aún más preocupante resulta el silencio oficial. Pastrana afirma que, tras radicar la denuncia en sede judicial, no ha recibido respuestas claras ni gestos concretos de parte de las autoridades del Tribunal de Cuentas, el Poder Judicial o el propio municipio.
Este episodio desnuda, una vez más, las contradicciones del sistema: mientras se multiplican los discursos oficiales sobre “modernización y transparencia”, en la práctica expedientes de relevancia terminan literalmente en la basura, sin custodia, sin explicación y con el riesgo de que información pública sensible sea manipulada o destruida.
Uno de los expedientes encontrados, se podría tratar de Isidro Gómez (UCR) intendente de Corral Quemado, y data del año 2015. Cabe recordar que Gómez figura en una investigación y denuncia de la UIF, como uno de los intendentes de Catamarca, que entre el año 2021 y 2024, extrajo $771.000.000 de las cuentas bancarias del municipio, en consonancia a ese periodo con fechas electorales.
La denuncia de Pastrana deja planteadas preguntas que, de no ser respondidas, solo profundizarán la desconfianza ciudadana:
• ¿Cómo y por qué terminaron expedientes oficiales en un basural?
• ¿Quién es responsable de su custodia y del procedimiento irregular?
• ¿Por qué el Poder Judicial aún no se expidió sobre la situación?
Mientras tanto, los documentos permanecen como prueba de una crisis de gestión institucional que atraviesa tanto a la justicia como a los organismos de control en Catamarca, y que pone en jaque el principio básico de que los papeles del Estado deben resguardarse, no desecharse como basura.
Fuente: San Fernando Digital
