Documentación oficial a la que tuvo acceso San Fernando Digital deja al descubierto una situación de extrema gravedad institucional en el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal de Catamarca. Se trata de la Resolución N° 52/2025 de Fiscalía General, de 12 páginas firmada el 29 de diciembre de 2025, por el Fiscal General Dr. Alejandro Gober, que registra incumplimientos reiterados, mora crónica y falencias estructurales en la tramitación de causas penales, incluso en expedientes vinculados a delitos contra la integridad sexual, violencia familiar y de género.
El relevamiento, realizado en las Fiscalías de la Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Circunscripción Judicial, no sólo confirma deficiencias administrativas, sino que expone un patrón sistemático de inacción fiscal, incumplimiento de protocolos obligatorios y vulneración directa del derecho a la tutela judicial efectiva, tanto de las víctimas como de las personas imputadas.
Según el propio documento, se detectaron demoras injustificadas, investigaciones paralizadas durante años, ausencia de actos esenciales como imputaciones formales, determinación del hecho, producción de pericias psicológicas y psiquiátricas, y una alarmante falta de seguimiento de medidas probatorias básicas. En muchos casos, la inactividad procesal se prolongó por más de cinco y seis años, sin que se adoptaran medidas alternativas para evitar la prescripción o el vaciamiento probatorio de las causas.
La resolución es particularmente severa al describir la situación en la Cuarta y Quinta Circunscripción Judicial, donde se constataron falencias “de especial gravedad institucional”. Allí se registraron prácticas procesales irregulares reiteradas, incumplimiento de instrucciones generales de la Procuración, deficiente control de elementos secuestrados, inexistencia de registros digitales confiables y una gestión inadecuada de causas de violencia familiar y de género, con superposición de medidas y ausencia de coordinación interinstitucional.
El capítulo más alarmante del informe se centra en la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en Tinogasta, donde el relevamiento expone un verdadero cuadro de abandono judicial en causas de abuso sexual infantil. Expedientes con víctimas de entre 5 y 12 años permanecen sin imputación formal, sin pericias psicológicas, sin incorporación de pruebas clave como Cámaras Gesell, y sin avances investigativos durante años.
Casos iniciados en 2018, 2019 y 2021 continúan virtualmente congelados. En uno de ellos, una menor de 12 años quedó embarazada como consecuencia del abuso y la causa no registra avances sustanciales desde hace más de cuatro años. En otros, las Cámaras Gesell realizadas nunca fueron incorporadas materialmente al expediente, y las acumulaciones de causas no generaron ningún impulso procesal posterior, dejando a las víctimas en un limbo judicial inadmisible.
El informe también revela un incumplimiento reiterado del artículo 247 del Código Procesal Penal, que regula la producción de pericias, así como fallas graves en las notificaciones a personal policial denunciado, ausencia de control sobre oficios librados a organismos administrativos y periciales, y una deficiente carga de datos en los sistemas digitales obligatorios, lo que impide la trazabilidad y el control institucional de las investigaciones.
Frente a este diagnóstico, la Fiscalía General opta por una respuesta que, aunque reconoce la magnitud del problema, vuelve a apoyarse en exhortaciones, plazos “razonables” y capacitaciones futuras. La resolución dispone nuevas instancias de formación para personal judicial y policial, a cargo de la Secretaría de Política Criminal, y anuncia visitas de supervisión para febrero y marzo de 2026. Sin embargo, el propio texto admite que las falencias detectadas persisten pese a advertencias previas, lo que pone en duda la eficacia real de estas medidas correctivas.
La gravedad del informe no reside sólo en lo que ordena, sino en lo que revela: un sistema penal que falló de manera sostenida en investigar delitos gravísimos, dejando a víctimas —muchas de ellas niñas y niños— sin respuestas, sin justicia y sin reparación. La Resolución N° 52/2025 no es un documento administrativo más: es la confirmación oficial de que el problema del Ministerio Público Fiscal en Catamarca no es normativo, sino estructural, funcional y profundamente institucional.
La pregunta que queda abierta es inevitable: ¿qué responsabilidades concretas se derivarán para los funcionarios que permitieron este nivel de abandono procesal? Porque sin sanciones, sin transparencia y sin rendición de cuentas, el riesgo es que estos informes terminen siendo apenas un registro más del fracaso, mientras las causas —y las víctimas— siguen esperando.
Fuente: San Fernando Digital
