El escenario judicial y político de Catamarca volvió a tensionarse en las últimas horas luego de que el fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, dispusiera la citación del exintendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz, a raíz de las graves acusaciones que realizó públicamente en torno al crimen del exministro Juan Carlos Rojas.
La decisión del fiscal se vincula con una serie de manifestaciones difundidas por Guaraz a través de redes sociales y audios de circulación pública, en los que aseguró ser víctima de una persecución política y afirmó contar con información clave sobre el homicidio de Rojas. En esos mensajes, el exjefe comunal apuntó de manera directa contra figuras centrales del oficialismo provincial, al mencionar al gobernador Raúl Jalil y a la exgobernadora y actual senadora nacional Lucía Corpacci, a quienes responsabilizó por una presunta maniobra política detrás del crimen. También nombró al vicegobernador Rubén Dusso y al ministro de Vivienda, Fidel Saenz.
Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que la convocatoria tiene como objetivo determinar el alcance y sustento de las afirmaciones realizadas, así como establecer si de ellas surge algún elemento concreto que deba incorporarse a una investigación judicial o si, por el contrario, podrían configurar otro tipo de responsabilidades penales.
El avance de esta citación se produce en un contexto particularmente delicado para Guaraz, ya que en paralelo la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación solicitó su detención para que comience a cumplir una condena de nueve años de prisión por una causa de abuso sexual. La confluencia de ambos frentes —el judicial y el político— profundiza la complejidad del momento que atraviesa el exintendente.
En tanto, la defensa de Guaraz, encabezada por el abogado Diego Quinteros Martínez, adelantó que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante un recurso de queja, con el objetivo de suspender la ejecución de la pena mientras se analiza la presentación.
El caso vuelve a instalar en la agenda pública un cruce de alto voltaje entre la Justicia y la dirigencia política provincial, con acusaciones de extrema gravedad que, de confirmarse o descartarse, podrían tener fuertes consecuencias institucionales. Mientras tanto, la citación dispuesta por el fiscal Costilla abre una nueva etapa en un expediente que combina denuncias explosivas, condenas firmes y un fuerte impacto político.
Fuente: San Fernando Digital
