Una inspección realizada el 19 de noviembre de 2025 por la Fiscalía General en la sede de la Fiscalía de Instrucción Penal de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en Tinogasta, dejó al descubierto un cuadro de inercia procesal que vuelve a colocar bajo cuestionamiento el funcionamiento del Ministerio Público en el interior provincial.
La revisión aleatoria y detallada de expedientes —en el marco de las facultades de supervisión— reveló omisiones reiteradas: ausencia de imputaciones formales, falta de pericias psicológicas y psiquiátricas, Cámaras Gesell no incorporadas al expediente y causas con más de seis años sin diligencias esenciales.
Uno de los casos más preocupantes es el Expte. “A” Nº 133/2018, donde una Cámara Gesell realizada en junio de 2018 aún no fue incorporada materialmente al expediente. La causa, vinculada a un presunto abuso sexual contra una niña de ocho años, presenta más de seis años sin impulso sustancial.
Situación similar se detectó en el Expte. “D” Nº 221/2021, donde tampoco existe acto formal de imputación ni pericias ordenadas a la víctima ni al presunto autor. La última medida data de agosto de 2024, sin avances posteriores.
En el Expte. “F” Nº 40/2021 —abuso sexual con acceso carnal— la gravedad es aún mayor: la víctima, de 12 años, cursó un embarazo producto del hecho denunciado, interrumpido en marzo de 2021 en la Maternidad Provincial. Sin embargo, la causa permanece sin imputación y sin producción de prueba psicológica o psiquiátrica, con un último movimiento procesal registrado en abril de 2021.
La inspección también advirtió paralización temprana en expedientes iniciados en 2023, donde tras la imposición de restricciones iniciales no se registró impulso posterior ni acciones para suplir la falta de respuesta de organismos oficiados.
La única causa que evidenció un avance comparativamente mayor fue el Expte. “M” Nº 258/2019, donde sí se formalizó imputación y se produjeron pericias esenciales. Sin embargo, constituye la excepción dentro de un conjunto de expedientes marcados por la inactividad.
La auditoría no sólo enumera falencias técnicas: describe una secuencia de omisiones que, en delitos contra la integridad sexual de niños y adolescentes, adquiere dimensión institucional. La ausencia de imputaciones, la no incorporación de prueba fundamental y la falta de medidas compulsivas para garantizar pericias esenciales configuran un patrón que excede lo administrativo.
El dato central es que el diagnóstico no proviene de una denuncia externa, sino del propio órgano de control interno. La pregunta que emerge es inevitable: si las irregularidades fueron constatadas oficialmente, ¿qué consecuencias funcionales se derivarán para quienes tenían a su cargo estas investigaciones?
Fuente: San Fernando Digital
