En una entrevista de alto contenido político y judicial realizada en el programa Exceso en Política, que conduce Pablo García por Radio Streaming, el Dr. Iván Sarquis, abogado querellante de la familia de Juan Carlos Rojas, expuso con crudeza las graves irregularidades que rodean el asesinato del entonces ministro de Desarrollo Social de Catamarca. A tres años del crimen, el letrado reconstruyó los momentos posteriores al hallazgo del cuerpo, denunció la contaminación de la escena, la pérdida deliberada de pruebas clave y el direccionamiento de la investigación, al tiempo que advirtió sobre un entramado de responsabilidades institucionales que, lejos de esclarecer el hecho, consolidaron un esquema de impunidad en torno a uno de los homicidios políticos más graves ocurridos en la provincia en democracia.
A tres años del asesinato de Juan Carlos Rojas, ministro de Desarrollo Social de Catamarca, la causa judicial se ha convertido en un expediente paradigmático del colapso institucional, la descomposición del sistema de justicia y la connivencia entre poder político, judicial y mediático. Lo que comenzó como el hallazgo de un funcionario muerto en su propia casa derivó, según la querella, en un proceso sistemático de encubrimiento que aún hoy impide conocer quién lo mató y quiénes garantizaron la impunidad.
Rojas no era un funcionario menor. Exdiputado provincial, dirigente sindical histórico de UTHGRA y referente del Frente de la Tercera Posición —alineado al esquema político de Luis Barrionuevo dentro del Frente de Todos— había asumido el Ministerio de Desarrollo Social pocos meses antes de su muerte, precisamente el área más sensible, opaca y presupuestariamente laxa del Estado provincial. Su designación respondió a una decisión política explícita: ordenar un ministerio históricamente atravesado por discrecionalidad, fondos excepcionales y tensiones internas.
Según reconstruyó el abogado de la familia, Iván Sarquis, Rojas representaba una anomalía dentro del sistema: un dirigente meticuloso con el dinero público, obsesivo con los controles, austero en lo personal y reacio a las prácticas informales. Vivía en una vivienda humilde, sin custodia ni medidas de seguridad, lo que derrumba cualquier hipótesis de enriquecimiento ilícito. Esa misma conducta —afirman— pudo haberlo convertido en un obstáculo.
El 4 de diciembre, Rojas fue hallado muerto en su domicilio, tendido en un charco de sangre, con más de 30 lesiones, signos de arrastre, maniobras defensivas y traumatismos múltiples. Sin embargo, antes de que llegara un médico forense, la policía científica o el fiscal, medios provinciales ya titulaban “muerte natural”, adelantaban horarios de velatorio y sugerían causas como golpe de calor, ACV o infarto.
La escena del crimen fue intervenida sin resguardos mínimos: ingresaron funcionarios políticos de alto rango, no se preservó la cadena de custodia, se permitió el acceso indiscriminado y, de manera inexplicable, el fiscal entregó la vivienda a la familia antes de contar con el resultado de la autopsia. El cuerpo fue trasladado a la morgue sin bolsa mortuoria. La escena quedó definitivamente destruida.
La primera autopsia consignó como causa de muerte un “traumatismo de cráneo con hematoma subdural”, sin definir si se trató de un homicidio. Para la querella, esa omisión no fue técnica sino política: se evitó deliberadamente calificar jurídicamente una muerte violenta de un ministro en funciones. El paralelismo con otros casos emblemáticos de encubrimiento en Catamarca, como María Soledad Morales, resulta inevitable.
El expediente revela una acumulación de negligencias que, en conjunto, configuran algo más grave que errores:
– Se solicitaron cámaras de seguridad 70 días tarde, lo que provocó la pérdida de más de 300 registros.
– No se levantaron cabellos visibles en la escena.
– Se omitieron pericias clave y se marcaron como “indicios” objetos irrelevantes, mientras se ignoraban elementos potencialmente contundentes con manchas de sangre.
– Nunca se resguardaron ni peritaron la oficina del ministro ni la del gremio que conducía.
Todo ello ocurrió mientras la investigación se enfocaba casi exclusivamente en el entorno íntimo de la víctima: la familia, una empleada, el hijo que encontró el cuerpo. La hipótesis política, funcional y económica fue descartada desde el primer día.
La única imputada por el homicidio fue liberada por una supuesta omisión formal: la falta de una firma en un acta de detención. Para Sarquis, se trató de un hecho jurídico inédito y funcional a la impunidad. La mujer, además, volvió a trabajar con normalidad en el mismo gremio que conducía la víctima. Mientras tanto, los hijos de Rojas fueron perseguidos, investigados y amenazados con detenciones.
La querella denuncia un “silencio rentado” en medios provinciales y nacionales, entrevistas canceladas a último momento, pauta como mecanismo de disciplinamiento y un mensaje claro: el crimen de un ministro no debía escalar. Ningún dirigente del oficialismo marchó, exigió justicia ni acompañó públicamente a la familia.
A tres años del hecho, la causa acumula más de 40 cuerpos y 400 testimonios. La reconstrucción del crimen —pedida insistentemente por la familia— jamás se realizó. Recién ahora se ensayan pericias en 3D y evaluaciones médicas múltiples para explicar lo que, según la querella, fue evidente desde el primer día: Juan Carlos Rojas fue brutalmente asesinado.
Para el abogado querellante, el asesinato y su posterior encubrimiento son consecuencia directa de la demolición de la división de poderes en Catamarca. “Cuando el príncipe está por encima de la ley, cualquiera puede caer, incluso un ministro”, sostiene. El caso Rojas no es solo un homicidio impune: es la prueba de un Estado que no investiga, no protege y no responde.
Tres años después, la pregunta persiste sin respuesta:
¿Quién mató a Juan Carlos Rojas y quiénes garantizaron que la verdad no salga a la luz?
Mientras tanto, el expediente envejece, los recursos se agotan y la impunidad se consolida como política pública.
Fuente: San Fernando Digital
