La inspección practicada por la Fiscalía General en la Quinta Circunscripción Judicial de Tinogasta no sólo evidenció mora en causas individuales, sino también un problema estructural en la gestión de expedientes complejos.
En el Expte. “P” Nº 187/2021, acumulado con otras dos causas por abuso sexual simple, la unificación dispuesta en mayo de 2025 no produjo el esperado impulso procesal. No existen imputaciones formales ni determinación clara del hecho investigado. Las pericias psicológicas y psiquiátricas continúan pendientes, y la última actuación sustancial fue la incorporación tardía de un informe psicológico fechado en abril de 2024.
La acumulación, que en teoría debería optimizar recursos y evitar dispersión probatoria, terminó consolidando la parálisis.
Otro expediente relevante es el “D” Nº 249/2019, donde la falta de efectivización de un examen psicológico impidió realizar la Cámara Gesell a una menor de 14 años. Los oficios cursados a organismos administrativos no obtuvieron respuesta y no se adoptaron medidas alternativas ni compulsivas para garantizar la prueba. La última actuación útil data de mayo de 2023.
La revisión también detectó irregularidades en una denuncia contra personal policial (Expte. “D” Nº 212/2024), donde no se constató cumplimiento de notificaciones dirigidas a los agentes involucrados ni acciones para asegurar su comparecencia. En términos procesales, la omisión de notificación válida bloquea cualquier avance posterior.
En otra causa iniciada en junio de 2023 por abuso sexual con acceso carnal, el expediente muestra un patrón repetido: oficios sin respuesta, ausencia de seguimiento y falta de medidas sustitutivas ante la inacción de organismos externos. El resultado es una investigación detenida desde sus primeras semanas.
El denominador común es la falta de impulso procesal efectivo. En delitos de extrema gravedad, la pasividad no es neutra: erosiona prueba, debilita testimonios y expone a las víctimas a prolongadas situaciones de incertidumbre.
La constatación oficial de estas falencias coloca al sistema frente a una disyuntiva. La supervisión ya se realizó y el diagnóstico está documentado. Resta saber si el control interno derivará en responsabilidades concretas o si el informe se convertirá en otro antecedente administrativo sin impacto real. En materia penal, la demora no es sólo una cuestión de tiempos: es una cuestión de garantías. Y cuando las garantías se diluyen en expedientes que no avanzan, el problema deja de ser técnico para transformarse en institucional.
Fuente: San Fernando Digital
