
Un nuevo procedimiento realizado en el pabellón N°11, sector norte, volvió a dejar al descubierto una problemática estructural que las autoridades parecen incapaces —o poco dispuestas— a resolver: el ingreso y circulación de elementos prohibidos dentro del sistema carcelario.
El operativo, llevado a cabo el domingo alrededor de las 20:05, derivó en el hallazgo y secuestro de un teléfono celular marca Motorola, con chip de la empresa Personal, junto a 17 envoltorios de nylon transparente que contenían una sustancia herbácea compatible con cannabis sativa. Todo ello fue encontrado en la cama del interno Pacheco, quien reconoció de manera voluntaria la propiedad de los elementos incautados.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, el episodio se inscribe en una secuencia reiterada de hallazgos similares que evidencian fallas graves en los controles internos. La presencia de un teléfono celular en un pabellón carcelario no solo configura una infracción administrativa, sino que abre interrogantes mucho más profundos: ¿cómo ingresan estos dispositivos?, ¿quiénes facilitan su circulación?, ¿qué redes de connivencia operan puertas adentro?
Más preocupante aún resulta el hallazgo de presunta sustancia estupefaciente fraccionada, lo que sugiere no solo consumo, sino posibles circuitos de comercialización interna. La fragmentación en 17 envoltorios refuerza esta hipótesis y obliga a poner el foco no únicamente en el interno involucrado, sino en el funcionamiento integral del sistema de seguridad penitenciaria.
Tras el procedimiento, el interno fue trasladado al sector de sanidad, donde —en otro dato que expone precariedades— no se encontraba el médico de turno, siendo examinado por un enfermero, quien constató la ausencia de lesiones visibles. Este detalle, aunque menor en apariencia, vuelve a poner en evidencia las falencias en la cobertura sanitaria intramuros.
La intervención judicial quedó a cargo de la Secretaría del Juzgado Federal, a través del Dr. Raúl Córdoba, quien dispuso la apertura de actuaciones y la remisión del caso al área de Drogas Peligrosas. Asimismo, por disposición interna, Pacheco fue trasladado al pabellón N°07 bajo una medida cautelar de 24 horas.
Sin embargo, las decisiones adoptadas parecen limitarse a respuestas formales ante un problema que claramente desborda lo individual. La reiteración de estos hechos sugiere la existencia de fallas sistémicas que requieren algo más que procedimientos de rutina: exigen investigaciones profundas, responsabilidades institucionales y medidas concretas para desarticular los circuitos ilegales que operan dentro de las cárceles.
Mientras tanto, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿se trata de negligencia, incapacidad o complicidad? En cualquiera de los casos, el resultado es el mismo: un sistema penitenciario vulnerado, donde el control parece ser más una ficción que una realidad efectiva.
Fuente: San Fernando Digital

