Un reciente fallo civil volvió a poner bajo la lupa la administración del municipio de Paclín. La Justicia provincial resolvió que la comuna, encabezada por el intendente Eduardo Menecier, deberá indemnizar a dos mujeres que prestaron servicios en el Concejo Deliberante durante 2020 y 2021, pero que nunca percibieron los haberes correspondientes. La sentencia establece que la Municipalidad actuó de manera ilegítima al desconocer la relación laboral y la efectiva prestación de tareas.
Las empleadas, Laura Elizabeth Varela y Analía Verónica Ríos, ingresaron al Concejo Deliberante mediante resoluciones firmadas por el entonces presidente del cuerpo, Hugo Savio, con categorías 15 y 10 de planta transitoria. De acuerdo con sus presentaciones, ambas cumplían funciones administrativas, de limpieza y asistencia general, que se intensificaron durante la pandemia, cuando debieron realizar gestiones virtuales, distribución de documentación y trámites para vecinos.
Cuando las trabajadoras reclamaron el pago de sus salarios, la municipalidad rechazó cualquier obligación y sostuvo que las contrataciones eran nulas porque el Concejo carece de facultades para designar personal sin el aval del Ejecutivo. A su vez, argumentó que ya existía una acción previa —un amparo resuelto por la Corte— que impedía reabrir el debate.
Sin embargo, el juez civil Osvaldo Romero desestimó ambos planteos. Respecto de la supuesta “cosa juzgada”, afirmó que la acción de amparo anterior no evaluó el fondo del asunto, sino únicamente la competencia del órgano que emitió los actos administrativos. Por ello, el conflicto salarial no había sido resuelto.
En cuanto a las contrataciones, el magistrado remarcó que los actos administrativos emanados del Concejo seguían vigentes, ya que el Ejecutivo nunca los revocó ni promovió una demanda de nulidad. Esa omisión permitió que conservaran la presunción de legitimidad, lo que convierte al municipio en responsable del vínculo laboral y, en consecuencia, del pago adeudado.
El tribunal también dio por acreditado que Varela y Ríos efectivamente trabajaron en el Concejo Deliberante durante los dos años cuestionados. Con esa base, el juez concluyó que la Municipalidad de Paclín se benefició de la labor de las empleadas sin retribuirla, configurando un caso de enriquecimiento sin causa.
La sentencia reconoció además daño moral, considerando la prolongada situación de incertidumbre y angustia padecida por las demandantes al no recibir salario pese a haber cumplido tareas de manera continua. No obstante, descartó las denuncias por discriminación y acoso laboral, al no encontrarse acreditadas ni contar con resolución del INADI.
Finalmente, el municipio fue condenado a abonar $4.159.041,97, monto que deberá distribuirse entre las dos trabajadoras, más intereses a tasa activa del Banco Nación desde la presentación de la demanda hasta el pago efectivo. La representación de las actoras estuvo a cargo de los abogados Horacio Pernasetti y Myrian Juárez.
El fallo aún no está firme.
Fuente: San Fernando Digital
